Nuevo observatorio ciudadano OCAN en Asturias

FELICIDADES a Dani Ripa, Emilio León, Xandru Fernández, a Ana Taboada y a Montse Palacios de Podemos, por la puesta de largo de Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN), en el Ateneo Obrero de La Calzada de Gijón, en los términos habituales de la formación, que no quiere “esperar a mayo para desalojar a la casta” y aspira a desatar una “marea ciudadana que persiga a la gente que ha hipotecado nuestras vidas” y que “ha convertido Asturias en un paraíso no natural, sino fiscal”. Se trata, en fin, de “levantar alfombras” y de transmitir el mensaje de que el problema no es de “manzanas podridas”, sino de la podredumbre del cesto que las contiene.

Equo invita a participar

Equo invita a participar a ciudadania y autoridades con un programa hecho con alianzas académicas y científicas sobre un parque público.
http://equoasturias.org/futuro-del-parque-isabel-la-catolica-y-la-fauna-silvestre-presente-en-el/#more-4195

Tania González se posiciona con transparencia y rotundidad respecto a las gravísimas actuaciones que gravitan sobre el anterior gobierno de Asturias, respecto al despilfarro y a la mala gestión de las obras del Musel.

Algo huele mal en el Musel

En la actualidad, el puerto de El Musel de Gijón no sólo se enfrenta al cierre de la línea Gijón-Nantes, sino también a una serie de asuntos que dejan en evidencia una gestión política desastrosa, unos gastos descontrolados y una acusación de fraude por parte de la Unión Europea que ponen en jaque el futuro económico del puerto.

Con el fin de hablar sobre este tema, el 22 de octubre tuvo lugar una Mesa Redonda, en la que participaron Miguel Ángel Llana, editor de Asturbulla (organizadora del Evento); José A. Madiedo, Capitán de la Marina Civil y ex-director general de la Marina Mercante; Luis A. Fernández, Presidente del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Gijón; Rosa Aza, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón; Mario Suárez del Fueyo, co-portavoz del Círculo Podemos de Gijón/Xixón; y Xuan Cándano Director de la revista asturiana Atlántica XXII. Se desgrana, con detalle cómo se gestó y funcionó la línea y el inexplicado cierre, con acusaciones cruzadas de los principales actores en esta trama de secretos e incógnitas, que huele a corrupción y fraude.

La Mesa Redonda sobre La Autopista del Mar y los Secretos e Incógnitas del Puerto de Gijón Miguel Ángel Llana, editor de Asturbulla, comenzó con un repaso a la actualidad de la situación de la Línea, ya descrita en su página web el 21 de Octubre (ver entrada), en la que pone de manifiesto la opacidad del contrato público firmado con El Principado y la poca documentación legal presentada para dar crédito a las justificaciones de pérdidas de la línea Gijón-St. Nazaire (Nantes) de la Naviera LD Lines participada en un 10% por la asturiana SUARDÍAZ, con una sospecha de fraude o corrupción, habiendo de por medio unas millonarias subvenciones.

A continuación tomó la palabra José A. Madiedo, Capitán de la Marina Civil y Ex Director General de la Marina Mercante, quien expuso con la ayuda de una pantalla gigante las características intrínsecas de los Barcos utilizados en la línea (Ro-Pax), mercancías (Roll-on, Roll-out) y Pasajeros (Pax) y los tipos vehículos que se embarcaron (remolques, semi, MAFI, automóviles, camiones, etc). Más adelante indicó, con unos mapas y gráficos, las autopistas del mar que funcionan en toda Europa y que mueven miles de millones de toneladas de mercancías y millones de pasajeros al año, configurando una zona rica en el eje Gran Bretaña, Europa Central y Norte de Italia y que España está en una esquina, fuera de esos circuitos.

Después hizo una comparativa de costes y beneficios desde el Puerto de El Musel y desde Vigo, para una supuesta empresa portuguesa situada a medio camino de ambos, saliendo ganador El Musel. A continuación hizo una comparativa de duración del viaje hasta los puertos europeos desde todos los puertos del Norte de España (Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Ferrol, A Coruña y Vigo) volviendo a quedar El Musel como el mejor situado y más cercano.

Para desmontar las razones de pérdidas, dichas por la Naviera, argumentó que sólo desde Valdeorras (Lugo) hay una cantera de pizarra que saca material para llenar 20.000 CAMIONES al año (sí, está bien la cifra, veintemil) y lo hace por todos los puertos, además de la carretera. Y hace un recuento de las mercancías movidas y los pasajeros en la línea Gijón-Nantes, en aumento desde el principio de la actividad.

Y comenta que con esas condiciones no se explica por qué los demás tienen conexiones con puertos europeos y El Musel no, y lo achaca a la mala gestión de los políticos locales, autonómicos y estatales. Y hace especial mención a Puertos del Estado (en manos del Gobierno Central) que carga los costes de la Ampliación del Musel a las mercancías exportadas, con lo que los fletes en Asturias son los más caros del Norte. Comenta, a propósito de la Ampliación del Musel, que le parece un derroche esas obras, porque no entiende cual fue el objetivo, pues para el tráfico de ferrys, containers, pasajeros y otros tráficos, el puerto en su configuración antigua ya estaba infrautilizado. Y si fue para instalar una regasificadora….parece ser que finalmente no va a entrar en servicio.

Luis A. Fernández, Presidente del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Gijón, comenta los puntos de un comunicado, emitido por el Comité de Empresa el 7 de Octubre sobre la situación del puerto de El Musel, de 4 puntos:

• El origen de la Autopista del Mar como una iniciativa de la U.E. a través del programa Marco Polo II
• La Autoridad Portuaria de Gijón, intervenida por Puertos del Estado, cree que La Autopista del Mar es un instrumento potenciador de la captación de tráfico de mercancías y pasajeros para puerto de El Musel en toda su zona de influencia del Noroeste de España, el Norte de Portugal y La Ruta de La
  Plata. Esto sirve además para aumentar el empleo y el turismo en Asturias.
• En La Autoridad Portuaria de El Musel están presentes los Gobiernos Central, Autonómico y Municipal, y tienen conocimiento de las cláusulas del contrato público firmado con la naviera “LD Lines”, contenido ocultado a la opinión pública y que para conocerlo tendremos que esperar a que entre en vigor la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Sería necesario hacer una auditoría sobre la situación económica de la línea, con subvenciones millonarias, para determinar si las pérdidas aducidas para cerrarla son debidas a una mala gestión empresarial. Todo parece un episodio más de empresas caza-subvenciones, como ya ha habido varias en Asturias.
• Los que van a pagar inmediatamente el cierre de la línea son los 28 puestos de trabajo directos, relacionados con la Autopista del Mar, de las empresas Cargas y Estibas, Vapores Suardíaz-Norte y la propia naviera LD Lines.

El profesor Mario Suárez del Fueyo, co-portavoz del Círculo Podemos de Gijón/Xixón, en nombre de la Eurodiputada Tania González, pone un vídeo de su intervención en el Parlamento Europeo preguntando sobre La Autopista del Mar y su futuro.

El periodista Xuan Cándano Director de Atlántica XXII, Revista Asturiana de Información y Pensamiento, habló del grandiosismo de Asturias, con obras faraónicas y derroches generalizados, y de lo sorpresivo de la interrupción de La Autopista del Mar. Se preguntó para que se quieren cosas como el tramo del AVE entre Pola de Lena y Gijón, máxime en tiempos de crisis.

A continuación tomó la palabra el Representante de la Naviera, llegó sin datos, sin números y echando balones fuera, primero se alabó del esfuerzo hecho por la naviera para atraer y conseguir tráficos y lo muy bien que daban el servicio y luego achacó las dificultades para seguir con la línea a problemas burocráticos, que los inconvenientes y trabas los ponía El Musel, y que el traslado al puerto de Vigo es porque el coste es mucho más económico. Y argumentó la necesidad de las subvenciones que suponen abaratar para los usuarios casi el 50 % el coste de los servicios.

Rosa Aza, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, siguiendo la línea argumental del Gobierno Autonómico, explicó que aquí todo va bien, que somos el ejemplo de España en cuanto a crecimiento de empleo. También comentó que mientras los tráficos en todos los puertos bajaban aquí suben, y que no se destruía empleo. No comprendía que siendo rentable hubieran suspendido la línea, pero que no obstante esa suspensión para su puerto no suponía apenas nada pues este tráfico es un mínimo porcentaje del total. Con respecto a las acusaciones del representante de la naviera, como el que los pasajeros tuvieran que esperar hasta dos horas en el control antes de poder ir al barco, comentó que el puerto dio todas las facilidades y que la naviera y consignataria nada hacían para evitar o suprimir los problemas.

Una vez terminadas las intervenciones previstas, empezó un pequeño Coloquio con preguntas e intervenciones de los asistentes como las siguientes: una mujer, que dijo ser transportista francesa, comentó los quebrantos y problemas que le traía la suspensión de esta línea, la pérdida de tiempo, y por tanto de dinero, y de descanso al tener que hacer la ruta desde otros puertos o por carretera. Y acusó a la Naviera de ineficacia y desorganización en la forma de llevar el servicio de la línea. El representante de CESINTRA comentó de forma similar y que, a pesar de mareos y temores a la mar de algún camionero, la rentabilidad, tiempo, y descanso compensaban esos pequeños inconvenientes.

PROPUESTA: Fomentar la figura de la declaración responsable, como medida para agilizar los trámites administrativos.
MARCO LEGAL: Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
MODIFICACIÓN LEGAL NECESARIA: Modificar la ley 2/95, y/o llevarlo como compromiso de gobierno.
IMPACTO PRESUPUESTARIO: Ninguno.

INTRODUCCIÓN:

Cuando se realizan trámites con la Administración, hay dos maneras de comprobar que los ciudadanos cumplen los requisitos exigidos: mediante certificados (hacer que el ciudadano demuestre todo previamente), o bien mediante declaraciones responsables (un documento que firma el ciudadano, afirmando algo; la Administración parte de la base de que cree lo que dice, y solo después comprueba la veracidad, bien en todos los casos, bien mediante un muestreo).
Esta forma de actuar está más extendida en administraciones como la británica; en el caso español, el ejemplo más típico es el de la declaración de la renta: Hacienda no pide, al presentar la declaración, certificados de que lo que se pone en esa declaración es cierto. La propia declaración de IRPF es una declaración responsable, y solamente después, sobre un muestreo de declaraciones, se comprueba que lo que se afirma es cierto.

PROBLEMA:

La multitud de certificados que es necesario aportar para poder iniciar cualquier trámite, produce:
- Malestar, molestias y pérdidas de tiempo a los ciudadanos, que se ven envueltos en una burocracia excesiva, propia de siglos pasados.
- Sensación de desconfianza de la Administración con respecto a los ciudadanos.
- Pérdida de tiempo de los empleados públicos, que deben dedicar una parte de su jornada laboral a pedir, comprobar y archivar multitud de certificados, y en ocasiones impidiéndoles realizar otras tareas de control más efectivas.

PROPUESTA:

- Fomentar, en todos los casos que sea posible, el uso de la declaración responsable como procedimiento de agilización de trámites, para ciudadanos individuales y para pequeñas y medianas empresas.
- Fomentar el uso de los controles posteriores, no previos, en los procedimientos del párrafo anterior.
- Fomentar el uso de controles sobre muestras de expedientes, no sobre la totalidad, especialmente en procedimientos que estén vinculados a cantidades económicas de poca cuantía.
- Modificar la ley 2/95, para recoger esas obligaciones, y en caso de no tener mayoría suficiente para modificar esa ley, llevarlo como compromiso de gobierno a cada institución a la que se llegue.

Colaboración de José Luís Pérez Muñiz 

Candidato al Consejo Ciudadano de Avilés

Explicamos claramente las irregularidades y fraudes apreciados por la Unión Europea en la ampliación del puerto de El Musel

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

Asturbulla, 28-11-2014

La UE pone de manifiesto que el Gobierno español puede cometer un  delito de prevaricación por omisión del ejercicio para perseguir hechos delictivos graves de los que tiene pleno conocimiento                                 Estas irregularidades ponen de manifiesto el fallo en los controles de los funcionarios en la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos: interventores, abogados del estado, funcionarios...etc.    El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha conocido a través del portal de noticias Asturbulla la Notificación dirigida por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DR REGIO) de la Unión Europea (UE) al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno español, fechada el 24 de octubre de 2014, en la que le confirma la revocación de la subvención de 247.500.000 euros concedida con cargo al Fondo de Cohesión para las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón, así como la obligación de reintegrar a la UE la cantidad de 198.000.000 euros ya percibida por la Autoridad Portuaria de Gijón.  La Notificación se acompaña de un informe anexo (VER AQUÍ) en el que se describen, de forma detallada, una serie de irregularidades contractuales y hechos presuntamente delectivos cometidos con ocasión de la preparación del contrato de las obras de la ampliación del puerto y durante la ejecución de las mismas, así como la patente pasividad mostrada por el Estado español para esclarecer las responsabilidades y perseguir los delitos en los pudieron incurrir la adjudicataria de la obra (UTE Dique Torres) y la beneficiaria de la subvención (Autoridad Portuaria de Gijón) Teniendo en cuenta la enorme relevancia de la obra, una de las más importantes licitadas en la historia reciente de Asturias, las graves consecuencias económicas que pueden derivarse de la comisión de dichas irregularidades y fraudes, no solo para la economía asturiana, sino también para la del conjunto del Estado, dada la importancia del puerto de El Musel dentro del sistema portuario español, así como la relevancia de los sujetos implicados (las tres Administraciones Públicas representadas en la Autoridad Portuaria de Gijón, algunas de las principales empresas constructoras de obra pública del Estado y la eléctrica Hidroeléctrica del Cantábrico SA (HC); el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera imprescindible hacer un esfuerzo de pedagogía y difusión para que la sociedad asturiana pueda conocer, de forma clara y transparente, qué ha pasado realmente con las obras de ampliación del puerto del Musel, según la UE, y cuál ha sido hasta la fecha la actuación del Estado español para contribuir al esclarecimiento completo de las irregularidades y fraudes presuntamente cometidos y exigir las correspondientes responsabilidades, en particular, las de índole penal. 1. El contrato de las obras de ampliación del puerto del Musel: elementos fundamentales -  El contrato fue objeto de licitación mediante procedimiento abierto, publicado en el BOE de 26 de julio de 2004 - La obra se adjudicó a la unión temporal de empresas Dique Torres, firmándose el contrato el 9 de febrero de 2005 entre dicha UTE y la Autoridad Portuaria de Gijón por un importe total de 579.241.559 euros, IVA incluido - La UTE Dique Torres estaba integrada por las constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas - La DR REGIO de la UE otorgó una ayuda económica con cargo al Fondo de Cohesión a la Autoridad Portuaria de Gijón para la financiación del proyecto, por importe de 247.500.000 euros, de los cuales ya abonó efectivamente un total de 198.000.000 euros - El pliego de cláusulas administrativas que regía la contratación - la llamada ley del contrato - establecía, entre otros extremos, que la ejecución de las obras se realizaría a riesgo y ventura del contratista, es decir, que si se producía un incremento de los gastos durante su ejecución, debían ser asumidos íntegramente por el contratista; así como que el importe del contrato sería el de adjudicación del mismo, comprendiendo la totalidad de los gastos que tuviera que realizar la empresa contratista hasta la entrega de la obra a la Autoridad Portuaria de Gijón, es decir, no se podía incrememtar el importe de la adjudicación con ningún gasto posterior que, de producirse, sería de cuenta del adjudicatario. - El proyecto de la obra fijaba un precio en concepto de material de 7,30 euros/m3 - En el documento técnico denominado "pliego de prescripciones técnicas", cuya finalidad es desarrollar técnicamente las condiciones de la obra objeto del contrato, pero que legalmente no puede introducir condiciones o cláusulas que deban formar parte y, muchos menos, que vayan en contra del pliego de cláusulas administrativas, se incluyó un apartado sobre la utilización de canteras, en el que se señala que la Autoridad Portuaria de Gijón tenía firmado un acuerdo con HC para la explotación de la cantera de Aboño (propiedad de HC) en las obras de ampliación del puerto de El Musel, firmado el 26 de julio de 2004 y que para acogerse al mismo el futuro adjudicatario de la obra estaba obligado a firmar un contrato con HC en el que se establecería un canon a pagar por la explotación de dicha cantera fijado en euros por metro cúbico de material obtenido. Asimismo, se diponía que la Autoridad Portuaria de Gijón respondía ante HC del cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con la explotación de la cantera de Aboño, es decir, de que si se producía un aumento del coste de extracción del material, dicho incremento sería asumido por la Autoridad Portuaria de Gijón y no por el contratista. - Con fecha 31 de julio de 2006 la UTE Dique Torres, adjudicataria de la obra, firmó el contrato con HC y la Autoridad Portuaria para la explotación de la cantera de Aboño en el que se establece un  canon de explotación de 1,65 euros/m3, así como la responsabilidad solidaria de la Autoridad Portuaria para hacer frente a las obligaciones de pago del adjudicatario. - Con fecha 18 de diciembre de 2007 la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó un modificado del contrato incial que suponía un  incremento del coste - sobrecoste - de 216.314.095 euros (sin IVA), debido principalmente al incremento del precio de los materiales. En este modificado el precio del material pasaba de los 7,30 euros/m3 del proyecto inicial a 18,22 euros/m3. - La DR REGIO de la UE denegó al Estado español la finaciación solicitada para este incremento. - Como consecuencia de la denuncia de un miembro del Parlamento Europeo formulada el 18 de marzo de 2009 la Oficina Europea Anti Fraude (OLAF) abrió una investigación sobre el proceso de contratación de las obras de ampliación del puerto de El Musel y la ejecución de dicho contrato que culminó en un Informe Final notificado al Estado español en marzo del presente año 2014, en el que se detallan una serie de irregularidades contractuales y conductas fraudulentas que serían constitutivas de delitos de malversación de fondos públicos y fraude a los intereses  financieros de la UE, castigados con  penas de entre 1 y 4 años de prisión y multas que pueden ir del 100% al 600% del importe del que se trate. En dicho informe se resalta la negativa reiterada de la UTE Dique Torres a facilitar a los investigadores de la OLAF el acceso a su contabilidad y se insta al Estado español a trasladar el informe a los autoridades judiciales para depurar las responsabilidades penales a que hubiera lugar. 2. Irregularidades cometidas en la preparación y ejecución del contrato - La introducción de una cláusula en el pliego de prescripciones técnicas del contrato que permite al adjudicatario de la obra acogerse a un acuerdo previo entre la Autoridad Portuaria de Gijón y HC para extraer los materiales (piedra) de la cantera de Aboño, mediante la firma de un contrato trilateral posterior a la adjudicación del contrato de obra, en el que se fija un canon de explotación y en el que la Autoridad Portuaria de Gijón asume la responsabilidad en caso de aumento del precio de los materiales, vulnera gravemente el pliego de cláusulas administrativas del contrato - ley del contrato - en dos extremos: en primer lugar, en cuanto que dicho pliego establecía que el importe de la adjudicación estaba cerrado y no podía aumentarse durante la ejecución del contrato (la fijación de este canon de explotación de la cantera en contrato con HC posterior a la adjudicación del contrato de obra supone un incremento del precio respecto del importe de la adjudicación, prohibido por el pliego); y, en segundo lugar, en cuanto que el pliego establecía que la ejecución de las obras se haría a riesgo y ventura del contratista (la Autoridad Portuaria asume ilegalmente la responsabilidad de pagar a HC el aumento de gastos por la extracción de materiales de la cantera de Aboño) - La referida cláusula sobre la utilización de la cantera de Aboño supone un trato de favorhacia HC claramente ilegal y discriminatorio respecto de los propietarios de otras canteras. Y ello, por la razón obvia de que la redacción de esta cláusula incita al adjudicatario de la obra a contratar con HC la extracción de materiales en la cantera de Aboño, ya que tiene asegurado que si se incrementan los precios el sobrecoste lo asume la Autoridad Portuaria de Gijón, circunstancia que no sucede si se utilizan materiales de otras canteras. - Pero, además, dicha cláusula conlleva un trato desigual claramente ilegal de las ofertas de los licitadores. En efecto, los licitadores en cuya oferta se incluye la extracción de materiales de la cantera de Aboño - caso de la UTE Dique Torres - podían descontar el importe del canon de explotación de su oferta, pues la determinación de este se hacía con posterioridad a la adjudicación del contrato, mientras que los licitadores que incorporaban en su ofertas a otras canteras debían incluir el precio íntegro del material, incluído el canon de explotación. - Además, la celebración de un contrato con HC,sin licitación pública, con posterioridad a la adjudicación del contrato de obra, que afecta a un elemento esencial del mismo como es el precio, vulnera los principios más elementales de publicidad y concurrencia en la contratación pública. - La modificación del contrato por importe de 216.314.095 euros (sin IVA) supone una modificación sustancial del objeto y del precio del contrato inicial que tampoco se encuentra justificada. 3. Irregularidades y fraudes con respecto al gasto declarado El informe de la OLAF relaciona una extensa serie de irregularidades y fraudes con respecto al gasto declarado y al control del mismo, de  los que destacamos los siguientes: - La UTE Dique Torres tenía un contrato suscrito con canteras "Tudela Veguín", firmado el 23 de junio de 2005, con el fin de extraer alrededor de 18 millones de toneladas de materiales de estas canteras (La Hoya y Peña María) sin contraprestación económica alguna directa, de lo que se derivaría que la utilización de este material supuso un sobrecoste injustificado facturado a la Autoridad Portuaria de Gijón que habría dado lugar a un aumento del beneficio de la UTE Dique Torres que no ha podido ser cuantificado dada la negativa de la empresa adjudicataria a que los investigadores de la OLAF pudieran acceder a su contabilidad.  - La ausencia sistemática de pesajes de los camiones en las canteras por el adjudicatario - Los pesajes obligatorios que debían ser realizados en el lugar de las obras y que no fueron efectuados - Indicios de falsas informaciones respecto al número de viajes efectuados por algunos camiones. Algunos registros de transportes efectuados están duplicados, es decir, el mismo camión en la misma fecha transporta exactamente la misma cantidad de idéntico producto, el cual ha sido cargado en el mismo lugar y por el mismo transportista. Existe un total de 88.765 viajes duplicados. - Indicios de falsas informaciones respecto a los servicios prestados por camiones que no trabajaban para las empresas mencionadas  como subcontratistas - Ausencia de documentos de transporte y de contratos con las empresas subcontratadas de transporte Debe tenerse en cuenta que el pliego de prescripciones técnicas del contrato establecía como obligaciones del adjudicatario (UTE Dique Torres), entre otras, la de realizar el pesaje de todos los vehículos que accedían al lugar de las obras y que cada pesaje debía constar con un ticket que incluiría fecha y hora, los detalles del vehículo, placa de matriculación, el tipo y la categoría del material, su lugar de origen y el peso, siendo obligación de la dirección de obra el control y vigilancia "in situ de los materiales. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los materiales debían pagarse teniendo en cuente los m3 del proyecto. 4. Actuaciones llevadas a cabo por el Estado español para esclarecer las irregularidades y fraudes constatados por la OLAFl La carta dirigida por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DR REGIO) de la Unión Europea (UE) al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno español, fechada el 24 de octubre de 2014, es extremadamente dura con el comportamiento mostrado por éste respecto al esclarecimiento de los hechos y la exigencia de responsabilidades, especialmente las de índole penal. En este sentido, la DR REGIO de la UE pone de manifiesto la inactividad de las autoridades españolas ante la negativa de la UTE Dique Torres para que los investigadores de la OLAF pudieran acceder a la contabilidad de la empresa con el fin de comprobar los indicios de graves irregularidades y fraudes respecto a los gastos derivados de la ejecución de la obra. Esta pasividad del Gobierno español constituye una grave violación de la normativa comunitaria que puede determinar la irregularidad de todos los pagos y, en cosecuencia, la exclusión de finaciación de la totalidad de los gatos declarados. Se trata de una acusación muy grave dirigida al Gobierno español: ni más, ni menos, que de connivencia con la actitud obstruccionista de la investigación llevada a cabo por la UTE Dique Torres. Esta inactividad contrasta, por ejemplo, con el despliegue policial realizado en operaciones mediáticas contra la corrupción, como la muy reciente denominada "Púnica", que afecta a políticos y empresarios de segunda y tercera fila, en la que se efectuó un espectacular despliegue para apoderarse de la documentación administrativa obrante en las dependencias públicas y privadas afectadas. Pero más grave aún resulta la acusación que formula la UE contra el Estado español cuando le achaca pasividad en la persecución de los delitos que pudieran haberse cometido - fraude y malversación de fondos públicos según la OLAF -, con el peligro de que esa pasividad puede ocasionar la prescripción de estos delitos. A este respecto, la UE recuerda al Ministerio de Hacienda que no puede servir como excusa que se hubieran puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, pues no existe ningún impedimento para que el Estado presente denuncia o querella directamente ante los órganos judiciales competentes. En términos más claros, la UE está poniendo directamente de manifiesto que el Gobierno español puede cometer un  delito de prevaricación por omisión del ejercicio de la acción para perseguir hechos delictivos graves de los que tiene pleno conocimiento.  La pregunta, entonces, es: ¿cuáles son las verdaderas razones de esta pasividad e inacción del Estado español? Todas estas irregularidades y deficiencias, entre otras muchas cosas, también ponen de manifiesto el fallo en los controles administrativos que tienen que ejercer los funcionarios intervinientes en el procedimiento de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos: interventores, abogados del estado, funcionarios que confeccionan los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas etc. http://otrafuncionpublica.blogspot.com.es/2014/11/explicamos-claramente-las.html Información relacionada: El martes día 2 de diciembre el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies hablará sobre este tema en la mesa redonda:  Irregularidades y/o fraude en la Ampliación de el Puerto de Gijón

Antes fue el el Arco Atlántico, ahora es Interreg IV, la milonga, con perdón de los amantes del tango, es la misma, un caudal de recursos financieros públicos dilapidados por autoridades europeas y locales, en viajes de misteriosas comitivas a Europa. Todo se justifica con la compra de programas caros para hacer un banco de talentos de los artistas asturianos, realizado con un programa por el que se pagó una buena cantidad de dinero público a Gedas, una empresa del grupo Volskwagen, desde el ayuntamiento de Gijón hace siete años. Esa cantidad de dinero ahora se aumenta para lo mismo, para un banco de talento local. Si todo ese dinero, que ya no podemos ni visualizar, ni contabilizar, se hubiera destinado a subvencionar proyectos de esos artistas locales, a los que ahora les prometen, a través de In Compass desde el Ayuntamiento de Avilés, una mejor visualización internacional, les hubiera ido mejor, pero claro los responsables del proyecto no podrían viajar a costa de los contribuyentes.

PROPUESTA: Reducción de altos cargos y de jefaturas de servicio en la Administración del Principado, fijando por ley requisitos para su existencia. 
MARCO LEGAL: Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. 
MODIFICACIÓN LEGAL NECESARIA: Modificar la ley anterior. 
IMPACTO PRESUPUESTARIO: Reducción de gasto.

EXPLICACIÓN: La Administración del Principado se divide en Consejerías, que a su vez se dividen en Viceconsejerías, Direcciones Generales y Secretarías Generales Técnicas. Al frente de cada una de ellas, el gobierno autonómico nombra un alto cargo.

PROBLEMA: Cada gobierno que llega a la Administración crea sus propios órganos. Un gobierno que quiera colocar a personas afines lo tiene muy fácil para crear cargos o jefaturas que están casi vacíos de contenido, donde hay pocos empleados públicos, pero sí altos cargos con retribuciones muy elevadas. En ocasiones hay altos cargos que son prácticamente jefes de sí mismos, casi sin que haya empleados públicos suficientes en esa dependencia para que esté justificada la necesidad de crear un alto cargo para dirigirles, cuando serviría una jefatura de más bajo rango. Esta situación, además de un despilfarro, genera clientelismo.

PROPUESTAS:

- Eliminar la figura del Viceconsejero. 
- Fijar por ley que solamente en las dependencias en las que haya un determinado número de empleados públicos se podrá nombrar un alto cargo para dirigirlos. De no ser así, la unidad deberá fusionarse con otras hasta alcanzar dicho número, con la correspondiente reducción del número de altos cargos, pasando la competencia de ese órgano al que resulte de la fusión. En su defecto, fijar por ley un número máximo global de altos cargos para toda la Administración del Principado. 
- Aplicar la misma medida a otros órganos de la Administración del Principado, que, sin ser Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas o Direcciones Generales, tienen, por decreto, rango equivalente. 
- Estudiar la misma medida para justificar la existencia de cada jefatura de servicio. 
- Estudiar medidas similares a nivel local.

Si la curiosidad es una de las características de una ciudadanía empoderada, por qué nadie de los que apoyaron el nombre de Llamaquique en Oviedo, preguntaron qué significaba esa palabra. La razón es que no están empoderados, sólo un rebaño obediente de corderitos sumisos al pastor dipsómano puede aceptar sin rechistar, que un nombre sin significado, un sonido asemántico, como supercalifragilisto, haya sido impuesto a la razón y a la justicia. El significado de Llamaquique no aparece, ni en el buscador más famoso, y Google se siente incapaz de descubrir qué significa este enigmático nombre. La estación de trenes de Oviedo iba a llamarse Clara Campoamor, la mujer que luchó y logró el sufragio femenino en España, esa era una razón histórica y de justicia, ya que Clara se enfrentó incluso a los compañeros de bancada para exigir que el voto femenino fuera reconocido en la constitución española. El nombre de Clara Campoamor está escrito en nuestra historia, para bien y para mal de los habitantes de Oviedo que permitieron tan maña atrocidad.  Las fuerzas conservadoras de esta ciudad, una de las pocas de España, que aún tienen un monumento al dictador, prefieren llamar a la estación de tren Llamaquique, aunque no sepan qué significa, antes que llamarla Clara Campoamor. Pero no sería justo decir que la ciudadanía ovetense han elegido este nombre impronunciable, porque nadie les ha preguntado nada.

1º.- ¿Sabes cómo se llama el sistema informático que gestiona toda la información del HUCA?
2º- ¿Sabes quién lo desarrolló?
3º.- ¿Sabes cuánto costó?
4º.- ¿Sabes si es operativo, eficaz o compatible?

Todas estas preguntas tienen una respuesta, más o menos compleja y racional. Hemos intentado saber cuánta transparencia hay en Asturias sobre estos asuntos, si el empoderamiento de la ciudadanía es lo suficientemente fuerte, como para que un simple habitante de esta autonomía, sin más herramienta que una conexión a Internet, puede llegar a saber las respuestas a esta preguntas si las dirigiera a las administraciones que gestionan lo público.


La primer y segunda  de las preguntas son fáciles de responder. El resultado de una búsqueda simple de Google enseguida señala el programa llamado Millenium de la empresa Cerner de USA.

La tercer pregunta sobre el coste lo podemos la encontramos en este enlace, son 17 millones de euros:

http://www.asturiashoy.es/2014/05/millenium-el-programa-informatico-que-amenaza-con-el-caos-en-el-huca/

La cuarta pregunta nos ha costado menos, sólo escuchar a los profesionales de la salud, los médicos que han usado el programa en el HUCA. Nos dicen que no pueden comunicarse con los sistemas de archivos de los demás centros de salud de Asturias, para consultar los historiales clínicos. Se quejan pero no los han tomado en cuenta, como tampoco lo hicieron en Palma de Mallorca donde se compró este carísimo y poco eficaz sistema. Tal y como se puede ver en este enlace:
http://www.lne.es/oviedo/2014/08/31/millennium-lastre-mallorca/1635726.html
Pero no son los médicos los únicos en detectar este problema y quejarse, sino los propios expertos en evalución de programas los que ponen las luces rojas sobree Millenium:
http://www.computerworlduk.com/blogs/the-tony-collins-blog/an-npfit-bt-and-cerner-golive-success-3570391/
Y aquí también:
http://ukcampaign4change.com/2013/12/09/patient-records-go-live-success-or-a-new-npfit-failure/

Esta decisión de destinar 17 millones de euros a la compra de este programa de esta compañía la tomó un político o un técnico, esa es la siguiente pregunta, para que la ciudadanía pueda exigirle respònsabilidades.

Presentación

Los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCMs) son grupos de personas del mismo municipio dedicadas a fomentar la transparencia y la participación ciudadana en su localidad. Son espacios abiertos, organizados y autogestionados. Los consideramos útiles para impulsar las auditorías ciudadanas municipales porque potencian el control desde la base, desde la ciudadanía en definitiva, especialmente en temas presupuestarios y en todo lo que se refiere a la deuda pública. Los OCMs son organizaciones ciudadanas que nacen con la intención de facilitar la participación en la gestión de nuestros organismos públicos, empezando por los más próximos: los ayuntamientos.

Las administraciones públicas son opacas y se suelen caracterizar porque dificultan una participación real en las decisiones consistoriales más allá del voto cada cuatro años. Su opacidad se debe a la burocratización e incluso a la falta de la cultura de la transparencia entre sus funcionarios. No existen vías reales de participación y la poca información ofrecida a la ciudadanía es sesgada y de mala calidad. Para luchar contra esa burocracia y opacidad, los OCM trabajan por el empoderamiento ciudadano individual y colectivo, consiguiendo que existan más personas informadas de la gestión que hace el ayuntamiento de nuestros recursos; y a través de la interacción con la administración a través de consultas públicas.

Un OCM ofrece de forma abierta los presupuestos aprobados por el ayuntamiento y explica de una manera fácil y sencilla qué funciones tienen, cómo están gestionando nuestro dinero y cuáles son los derechos que como ciudadanos podemos exigirle. Acerca el presupuesto municipal (ingresos y gastos) así como modificaciones y ejecuciones de una forma accesible a la población y facilita que se realicen consultas abiertas, vinculadas o no a una partida presupuestaria; así como la respuesta del ayuntamiento. La gestión colectiva y organizada de las consultas ofrece ventajas puesto que evitan que todas afrontemos la burocracia de manera individual. Un OCM optimiza el esfuerzo gestionando diversas consultas a la vez y la presión popular y la difusión aumentan la posibilidad de obtener respuesta.

Un OCM es la suma de…

…Un grupo de personas del mismo municipio que luchan por la transparencia y la participación;

…Una aplicación informática online que facilita los trámites y acerca los presupuestos municipales a la ciudadanía, y…

…Una red ciudadana municipal que facilita procesos de auditoría ciudadana colectiva.

El equipo que gestione un OCM en su municipio tendrá como función básica encargarse del buen funcionamiento de la web, hacerse cargo de los trámites de las consultas al ayuntamiento, al síndico de greugues o a la Sindicatura de cuentas, y establecer los mecanismos, además de las herramientas que considere necesarias, para aumentar la participación ciudadana en la vida municipal. El proyecto de los OCM ha sido desarrollado en código abierto porque creemos en la cultura de la transparencia y en compartir la información, además de luchar por conseguirla en las administraciones. Tanto la programación como el diseño están disponibles para ser replicados y ser mejorados colectivamente.

Proponemos la creación de una red de Observatorios Ciudadanos Municipales independientes, autogestionados y asamblearios que puedan trabajar en red, que pongan a disposición de la ciudadanía los presupuestos municipales y que agilicen la participación a través de las consultas apoyadas por el resto de usuarios, además de ser compartidas por la red.Nuestra intención es que estos observatorios sean una prueba para experimentar estructuras realmente “independientes” que asuman el control de las administraciones públicas desde la base, evitando figuras como las del Defensor del Pueblo, las Sindicaturas de Cuentas o el Tribunal de Cuentas, cuya independencia ha sido nula en reconocidos casos. Desde estos observatorios apostamos por formas de gobierno participativas reales, donde el ciudadano tenga voz y voto directos, y en un primer paso facilitamos un espacio de lucha colectiva por el derecho a la información como paso previo o simultáneo al derecho a la participación.

Quién somos

Somos miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) que trabaja desde nodos autogestionados coordinados a nivel estatal. Tenemos vínculos a nivel internacional con la International Citizen Audit Network (ICAN).

Objetivos

• Desmontar el discurso oficial respecto de la crisis
• Fomentar la transparencia
• Vincular luchas
• Depurar responsabilidades
• Empoderar a la ciudadanía

Organización

Dentro de la PACD formamos parte de la comisión que trabaja la línea de auditoría municipal, junto con grupos de gente heterogéneos a varios municipios con o sin OCM que están trabajando la transparencia y la participación en sus municipios.

Somos una plataforma formada por gente que viene de colectivos diversos, de ONGs que trabajaban la deuda del Sur, del 15M y ciudadanía en general de tipología diversa. Es un espacio abierto a la participación y a la colaboración.

Un OCM es una web?

No sólo es una web. Un OCM es la suma de un grupo de personas que gestiona las consultas; una aplicación informática que facilita los trámites y acerca el presupuesto municipal a la ciudadanía; y una red municipal que facilita procesos de auditoría colectiva.

Para qué sirve un OCM si en la web de nuestro ayuntamiento ya hay los presupuestos colgados?

Cada municipio es un mundo y tiene su grado de transparencia, nosotros partimos que sea qué sea el nivel es mejorable. Desde los OCM ofrecemos los presupuestos a través de una herramienta que facilita su comprensión y facilita realizar preguntas abiertas y directas a la administración de cualquier partida presupuestaria.

Qué ganamos publicando la información que en teoría ya tiene que ser pública o que está publicada en varias fuentes?

Ganamos centralizar la información que está dispersa en diferentes webs que dependen de ayuntamientos, organismo autónomos, sindicatura de cuentas, etc. y hacerla asequible y comprensible a la ciudadanía. De paso hacemos presión a la administración local para que mejore la información pública que ofrece hace a través de sus medios (boletines, gacetas, webs).

Por qué empezar por el ayuntamiento y no por una administración más grande?

No descartamos la posibilidad que alguien utilice este mismo software para hacer observatorios de consejos comarcales, diputaciones o administraciones autonómicas, pero entendemos que la ciudadanía antes de intentar controlar la gestión de estas instituciones tendría que conseguir controlar su municipio. ¿Cómo queremos participar de las políticas de Organismos Autonómicos si aún no somos capaces de incidir en las políticas de nuestro municipio?

¿Esto depende del Ayuntamiento?

No, es independiente. Es un espacio gestionado por la ciudadanía para la ciudadanía. Creemos que es necesario crear entidades que controlen las administraciones públicas desde fuera. La realidad actual nos muestra que las entidades encargadas de controlar la gestión de las administraciones públicas no son independientes, y queriendo o sin querer se acaban viciando del sistema.

¿Lo sabré hacer?

Hay muchas maneras de participar del proyecto. La primera y más importante es la de utilizar la herramienta ciudadana en tu municipio y entender la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. A partir de aquí las opciones son diversas, mírate el apartado 2.2 y 2.3

¿Lo puedo hacer solo?

Poder puedes, pero es un mal comienzo. Una sola persona puede preparar la web, gestionar las consultas y mover el proyecto por internet, pero en la mayoría de casos no habrá suficiente. Y lo más importante: no sería un proyecto ciudadano si la hace una sola persona.

Haz equipo

¿Quien hace funcionar la web?

Son los propios miembros del equipo de cada municipio quien tiene que gestionar la web, no os preocupéis, no es complicado y no se tiene que dedicar mucho tiempo. Nosotros te facilitaremos la web, manuales y formación en linea con posibilidad de formación presencial.

¿Cuánta gente hace falta para montar un OCM?

Depende de cómo sea de grande el municipio y del tiempo que le podéis dedicar. Hace falta más gente para hacer conocer la web al ciudadanos del municipio concreto que para gestionarla.

Poned en marcha la web

¿Es muy complicado hacer un OCM propio?

No, desde la PACD haremos el acompañamiento, de momento os ofrecemos una web, manuales, material pedagógico… Uno de los objetivos de la PACD es la creación de herramientas de participación ciudadana empoderadoras,es parte de nuestra razón de ser.

¿Cómo se puede presentar la instancia de otra persona como *OCM?

Cualquier solicitud que se presenta a una administración tiene que estar firmada como mínimo por una persona, ya sea física o jurídica. Cada observatorio que se cree puede escoger como resolver esta cuestión. Tenemos dos opciones: que la firme una persona del municipio que se ofrezca o que la firme una entidad existente. Desde Barcelona, en nuestro municipio hemos optado por crear una asociación nueva. Podéis ver aquí los estatutos (link)

¿Qué implica asociarse a un OCM existente?

Si finalmente optáis por crear una asociación para poder gestionar vuestro observatorio (recordad que la primera necesidad que tendréis será la de tener una firma para tramitar las consultas), cuanto más miembros del municipio sean socios, más legitimidad tienen las consultas ciudadanas, puesto que detrás de cada instancia que se presente en el ayuntamiento en nombre del OCM habrá muchas más firmas.

¿Supone un coste económico?

Varias personas han dedicado ya muchas horas con vocación de compartir. Ha habido gastos diversos que hemos ido asumiendo entre todos. Pero vosotros sólo tenéis que asumir, como mínimo, los gastos del dominio y hosting de vuestra web. Si lo necesitáis os facilitaremos contactos para hacerlo.

Estamos abiertos a aportaciones para asumir colectivamente los costes que iran saliendo: desplazamiento por formaciones o presentaciones en todo el estado, retribuir personal técnico por mejoras puntuales de la web de observatorios o por la creación de materiales de difusión…

¿Qué quiere decir que la herramienta web que facilitamos está en código libre?

Quiere decir que cualquier persona con conocimientos de programación puede ver como está hecha, copiarla, compartirla y mejorarla. Hemos patentado la herramienta bajo la licencia AGPLv3, esto implica que cualquier modificación/evolución de la herramienta deberá realizarse siempre de manera abierta, ofreciendo el código fuente al resto de usuarios.

En resumen, hemos creado una herramienta para la ciudadanía y nos queremos asegurar que sea siempre de la ciudadanía.

¿Respecto a la privacidad de los datos personales?

Sí, puedes hacer una consulta a través de la web de manera anónima como ciudadano/ana, o puedes introducir en la consulta tus datos personales para identificarte. Nosotros te animamos a que no tengas miedo a poner tu nombre real. Tenemos que estar orgullosos de presentar instancias en el Ayuntamiento y compartirlas.

¿Qué se hace si el ayuntamiento no responde o la respuesta no es satisfactoria?

Aquí es donde entran las ganas de ir más allá, de organizarse para luchar por el derecho a la información. La web está pensada porque todos los procesos administrativos posteriores (queja a los Defensores del Pueblo, queja a la Sindicatura de Cuentas o contencioso administrativo con el Ayuntamiento) se vean reflejados en la propia consulta.

¿Se puede usar desde los colectivos que ya existen al municipio?

Claro que si, nada mejor que la utilicen colectivos que ya están trabajando en un municipio: asumiendo la creación inicial de un OCM; o realizando consultas y quejas a la administración a través de la web puesto que les garantiza que su instancia ya sea pública y más fácil de difundir

¿Por qué es útil si ya estoy trabajando en mi municipio en colectivos en lucha, asociaciones, entidades…?

Los OCM nos empoderan a todos. Todas las consultas y quejas que ya realizamos en los ayuntamientos se quedan habitualmente a un cajón o un buzón de correo. Con el OCM interactuamos con el Ayuntamiento pero lo hacemos de manera pública directa y así es fácil compartirlo en las redes.