PROPUESTA: Fomentar la figura de la declaración responsable, como medida para agilizar los trámites administrativos.
MARCO LEGAL: Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
MODIFICACIÓN LEGAL NECESARIA: Modificar la ley 2/95, y/o llevarlo como compromiso de gobierno.
IMPACTO PRESUPUESTARIO: Ninguno.
MARCO LEGAL: Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
MODIFICACIÓN LEGAL NECESARIA: Modificar la ley 2/95, y/o llevarlo como compromiso de gobierno.
IMPACTO PRESUPUESTARIO: Ninguno.
INTRODUCCIÓN:
Cuando se realizan trámites con la Administración, hay dos maneras de comprobar que los ciudadanos cumplen los requisitos exigidos: mediante certificados (hacer que el ciudadano demuestre todo previamente), o bien mediante declaraciones responsables (un documento que firma el ciudadano, afirmando algo; la Administración parte de la base de que cree lo que dice, y solo después comprueba la veracidad, bien en todos los casos, bien mediante un muestreo).
Esta forma de actuar está más extendida en administraciones como la británica; en el caso español, el ejemplo más típico es el de la declaración de la renta: Hacienda no pide, al presentar la declaración, certificados de que lo que se pone en esa declaración es cierto. La propia declaración de IRPF es una declaración responsable, y solamente después, sobre un muestreo de declaraciones, se comprueba que lo que se afirma es cierto.
Esta forma de actuar está más extendida en administraciones como la británica; en el caso español, el ejemplo más típico es el de la declaración de la renta: Hacienda no pide, al presentar la declaración, certificados de que lo que se pone en esa declaración es cierto. La propia declaración de IRPF es una declaración responsable, y solamente después, sobre un muestreo de declaraciones, se comprueba que lo que se afirma es cierto.
PROBLEMA:
La multitud de certificados que es necesario aportar para poder iniciar cualquier trámite, produce:
- Malestar, molestias y pérdidas de tiempo a los ciudadanos, que se ven envueltos en una burocracia excesiva, propia de siglos pasados.
- Sensación de desconfianza de la Administración con respecto a los ciudadanos.
- Pérdida de tiempo de los empleados públicos, que deben dedicar una parte de su jornada laboral a pedir, comprobar y archivar multitud de certificados, y en ocasiones impidiéndoles realizar otras tareas de control más efectivas.
- Malestar, molestias y pérdidas de tiempo a los ciudadanos, que se ven envueltos en una burocracia excesiva, propia de siglos pasados.
- Sensación de desconfianza de la Administración con respecto a los ciudadanos.
- Pérdida de tiempo de los empleados públicos, que deben dedicar una parte de su jornada laboral a pedir, comprobar y archivar multitud de certificados, y en ocasiones impidiéndoles realizar otras tareas de control más efectivas.
PROPUESTA:
- Fomentar, en todos los casos que sea posible, el uso de la declaración responsable como procedimiento de agilización de trámites, para ciudadanos individuales y para pequeñas y medianas empresas.
- Fomentar el uso de los controles posteriores, no previos, en los procedimientos del párrafo anterior.
- Fomentar el uso de controles sobre muestras de expedientes, no sobre la totalidad, especialmente en procedimientos que estén vinculados a cantidades económicas de poca cuantía.
- Modificar la ley 2/95, para recoger esas obligaciones, y en caso de no tener mayoría suficiente para modificar esa ley, llevarlo como compromiso de gobierno a cada institución a la que se llegue.
- Fomentar el uso de los controles posteriores, no previos, en los procedimientos del párrafo anterior.
- Fomentar el uso de controles sobre muestras de expedientes, no sobre la totalidad, especialmente en procedimientos que estén vinculados a cantidades económicas de poca cuantía.
- Modificar la ley 2/95, para recoger esas obligaciones, y en caso de no tener mayoría suficiente para modificar esa ley, llevarlo como compromiso de gobierno a cada institución a la que se llegue.
Colaboración de José Luís Pérez Muñiz
Candidato al Consejo Ciudadano de Avilés
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